Alcances y desafíos de la justicia ambiental en México

El Acuerdo de Escazú, adoptado por México en 2021, es un tratado que sirve para poner en práctica los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales o derechos procesales del medio ambiente. Este trabajo aborda el análisis de este tratado a partir de las decisiones de los tribunales nacionales e internacionales para hacer efectivo el derecho de acceso a la información en asuntos ambientales, aunque también desde la visión práctica de la defensa ambiental.

Además, se utilizan ejemplos concretos de solicitudes de transparencia y recursos de revisión presentados ante los órganos garantes. El fin de este análisis es clarificar los alcances del derecho al acceso a la información y los principales deberes correlativos de transparencia ambiental, con base en el Acuerdo de Escazú; además de confrontarlo con la práctica. Asimismo, se demuestra que el derecho humano en mención es un derecho instrumental para que las personas tengan conocimiento previo y comprendan los riesgos y daños ambientales de las actividades y omisiones estatales.

El hilo conductor de esta investigación es demostrar — mediante ejemplos concretos— los alcances de la transparencia ambiental, para que las personas afectadas por proyectos o actividades que dañen al medio ambiente puedan acceder a la información y preparar acciones jurídicas para defenderse. Asimismo, se expone la importancia de la existencia de órganos de transparencia y de eliminación de prácticas contrarias al Acuerdo de Escazú que pretenden ocultar la información y los principios ambientales que consagra ese tratado.