Participa Observatorio Comunitario en exigencia nacional a Conagua en transparencia de información en Oaxaca

La solicitud de repuesta urgente se dio como parte de la movilización nacional que tomó la Asamblea General de la Contraloría NacionalAutónoma del Agua en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum durante su toma de posesión

Oaxaca de Juárez.-, El Observatorio Ciudadano Comunitario y del Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA), nos posicionamos el pasado 30 de octubre, en las oficinas del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para solicitar que se informe, transparente y corrijan las distorsiones que existen en el sistema de concesiones en el Estado.

En el documento solicitamos que se diera respuesta urgente a las solicitudes de obra hidráulica y títulos de concesión que ha promovido el gobierno del Estado de Oaxaca durante el periodo 2022–2024, y la forma en que se ejecutará el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Agua Potable (PROAGUA), con un monto de $120,660,516.00 derivado de la asignación de recursos provenientes de convenios con la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

Oficios que de manera formal hicimos a Efraín Morales López, director general de la Conagua, a Miguel Angel Martínez Cordero, director del Organismo de Cuenca Pacífico Sur y al Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, desde el 8 de mayo y el 29 de agosto, respectivamente, y en los que también solicitamos que se transparenten las obras y acciones a realizar, los montos parciales y los municipios o localidades beneficiadas durante el mismo periodo.

Esta acción forma parte de nuestra adhesión a la movilización nacional que tomó la Asamblea General de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, en su Acto constitutivo realizado el pasado 12 octubre en San Luis Potosí, con la participación de 84 contralorías de 28 estados, de los cuales formamos parte, en torno a la iniciativa del Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica, planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su toma de posesión el 1° de octubre de 2024.

En oficios señalados pedimos además una reunión en la que podamos dialogar, conocer y conversar sobre los diversos proyectos y programas de trabajo a implementar en el Estado de Oaxaca y presentar nuestras propuestas bajo los siguientes puntos:

Identificación de concesiones y volúmenes, incluyendo el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la identificación de tomas ilícitas;
Propuestas frente a las dinámicas de contaminación que sufrimos en nuestros territorios, principalmente minera, de la industria química, de hidrocarburos, manufacturera, agroindustrial y pecuaria que están intoxicando a nuestros ecosistemas, comunidades y fuentes de agua;
Mecanismos para el registro y reconocimiento de los derechos al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios;
Propuestas para aprovechar aguas pluviales y tratadas con las tecnologías más adecuadas;
Propuestas para asegurar que las inversiones en la tecnificación del riego generen los resultados esperados, sin quedarse en manos de grupos caciquiles ni que resulten en el despojo de núcleos agrarios y otros agricultores.

Respecto a nuestras solicitudes informamos que, hasta hace apenas dos días recibimos respuesta parcial

Las 28 organizaciones que conformamos el OCCAMA estamos convencidos que la participación ciudadana y comunitaria será clave para lograr avances significativos frente a las crisis del agua que amenazan a nuestros territorios, generada por la actual Ley de Aguas Nacionales, que desde la administración de Carlos Salinas de Gortari convirtió el agua en una mercancía al ceder a las

empresas privadas los derechos de las presas y canales, y permisos para explotar fuentes acuíferas, y desconocer a las poblaciones indígenas como sujetos de derecho, limitando el acceso a núcleos agrarios y poniendo en riesgo el acceso equitativo, estipulado en el 4º constitucional que desde 2014 reconoce el derecho humano al agua, así como las reformas al 2º que de forma reciente, fortalecen el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público.