Con sospechoso sigilo e inusitada rapidez, el pasado 29 de julio el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez acordó derogar el acuerdo de noviembre de 2021, que mantenía suspendidos los trámites y autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas de reserva del municipio. Ya se había intentado tal revocación varias veces, la última en 2023, provocando polémicas y enfrentamientos entre ambientalistas y presuntos propietarios del ejido Guadalupe Victoria y zonas aledañas, por lo que la medida quedó en suspenso hasta que el gobierno del estado concluyera la revisión limítrofe del decreto de área natural protegida, emitido en 1991 por el entonces gobernador Heladio Ramírez.

Ciertamente, como lo dijimos en la Jornada el Monte y la Ciudad: hacia una Gobernanza para conservar la Cordillera de los Valles Centrales de Oaxaca, organizada por el OCCAMA el pasado 21 de noviembre del 2024: «La suspensión de trámites era una medida provisional, afectaba a poseedores y propietarios y no podía mantenerse indefinidamente». Pero también enfatizamos, en el pronunciamiento de la jornada: «poderosos intereses que pugnan, como lo han hecho desde hace años, por eliminar restricciones ambientales a sus beneficios inmobiliarios».

Las organizaciones del Observatorio Ciudadano Comunitario de Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) consideramos que el acuerdo del cabildo municipal, realizado a la sombra de las fiestas de la Guelaguetza, en poco contribuye a dar certeza jurídica a poseedores y habitantes de la zona, como se esgrimió para justificar la medida.  En cambio, abre muchas interrogantes:

• ¿De verdad el tema está «suficientemente discutido», como argumentó sin rubor el edil capitalino?
• ¿Cuál es la opinión del Consejo Técnico Asesor de la Zona de la Reserva Ecológica y Área Natural Protegida Cerro del Crestón, Cruz Blanca y Cerro del Fortín, ¿órgano creado por el gobierno del estado en octubre de 2024 justamente para apoyar la elaboración del programa de manejo?
• ¿Dónde y cuándo se publicó tal programa, que en la mentada sesión de cabildo se aseguró que sustentaba el levantamiento del veto?
• ¿Por qué no se ha realizado, como muchas organizaciones hemos solicitado en múltiples ocasiones, un estudio serio e imparcial de las condiciones de tenencia de la tierra, traslados de dominio y planeación urbana, no sólo de la reserva, sino de toda la Cordillera Norte?
• ¿Qué están esperando las autoridades para realizar, con la más alta prioridad que el tema merece, una discusión fundada y transparente sobre cómo conciliamos el respeto a los derechos territoriales de las comunidades y de propietarios con los derechos comunes de garantizar las fuentes de agua y la estabilidad ambiental de los habitantes de los Valles Centrales?
• ¿Cuál es la posición de las dependencias federales — CNA, Profepa, Semarnat, Conafor, CONANP, Sedatu — sobre un área fundamental para el abasto de agua y regulación climática, que está dentro de una zona protectora forestal vigente, la cual involucra al área de influencia del parque nacional Benito Juárez y afecta a la mayor conurbación de la entidad?
• ¿Cuándo se emprenderá la impostergable tarea de elaborar concertadamente el plan de ordenamiento de la zona conurbada de Oaxaca que sustituya al de 1994?

Lo dijimos ya en la referida Jornada por el Monte y la Ciudad, y lo hemos repetido de manera múltiple y sostenida, pero exigimos una vez más:

• Que se respeten los derechos legítimos de posesión y propiedad de particulares, núcleos agrarios y comunidades, así como el derecho humano colectivo a un medio ambiente sano. Asimismo, debe ratificarse la disposición de privilegiar la concertación como medio para dirimir diferencias.
• Que, si bien los conflictos se centran en alrededor de 1,200 hectáreas que comprenden el decreto recientemente georreferido, debemos mantener la visión integral de conservación de toda la Cordillera. Conservarla es tarea urgente y prioritaria de sociedad y gobierno. Por razones biofísicas, sociales y financieras, es completamente inviable el desarrollo urbano en la Cordillera, la cual se extiende a 60 mil hectáreas.
• Que las autoridades de los tres niveles de gobierno y el poder legislativo, de manera conjunta, están obligadas a orientar y difundan medidas jurídicas, administrativas y presupuestales con el objetivo de brindar la más alta protección de esta zona y a los servicios ecológicos que brindan a la población.
• Resulta fundamental el diálogo abierto y con amplia participación social, al mismo tiempo que se promueva la transparencia en torno a todo este tipo de disposiciones, con el objetivo de evitar el conflicto de interés que vincula a servidores públicos con los proyectos inmobiliarios, a fin de evitar la especulación, la corrupción y todas aquellas consecuencias que agravan el problema de la gentrificación.
• Que el municipio de Oaxaca de Juárez puede tratar el asunto de la suspensión de autorizaciones de manera diferencial con tres criterios: uno, primero los pobres (muchos de los servicios que requieren pueden tener formas alternativas: cosecha de lluvia, saneamiento seco, etc.); dos, atenuar las limitaciones en zonas ya urbanizadas; tres, mantener las restricciones de cambio de uso del suelo y trámites correlativos en los terrenos de las áreas naturales protegidas federales, los parques estatales El Fortín y El Crestón, la zona federal de ríos y arroyos, la zona por arriba del libramiento norte, los terrenos de propiedad federal, estatal y municipal y las zonas de alto riesgo de acuerdo con el atlas municipal correspondiente.
• Que es urgente dar a conocer, vincular y replicar las múltiples iniciativas que las comunidades, las organizaciones civiles, los ciudadanos y algunas dependencias de gobierno realizan para conservar y regenerar el monte en los Valles Centrales.
• Que la conservación de la Cordillera requiere voluntad política, ánimo de concertación y coordinación, visión estratégica y recursos financieros. Proponemos explorar de inmediato la constitución de un fondo metropolitano con recursos y participación pública, privada y social, en concordancia con otros mecanismos ya operando, como los mecanismos de pagos por servicios ambientales del gobierno federal.
• Que es impostergable elaborar concertadamente y convertir en ley un plan de desarrollo de la zona conurbada, con solidez técnica multidisciplinaria y consentimiento informado de los involucrados.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 01 de agosto del 2025

Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca

1. Amigos del Jardín Etnobotánico de Oaxaca AC
2. Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C.
3. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca.
4. Centro Universitario Comunal de los Valles Centrales – Universidad Autónoma Comunitaria de Oaxaca
5. Colectivo Hacer Tequio, AC
6. Colegio de Urbanistas de Oaxaca
7. Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado AC
8. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC
9. Consejo Consultivo Ciudadano de Oaxaca de Juárez
10. Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca
11. Consultores Ambientales
12. Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca
13. Espiral por la Vida AC
14. Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias AC
15. Foro Oaxaqueño del Agua
16. Frente Ecologista ¡Aguas San Felipe! AC
17. GEOconservación AC
18. Iniciativas para el Desarrollo de una Economía Alternativa y Solidaria, Ideas Comunitarias A. C.
19. Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca AC
20. Ojo de Agua y Comunicaciones AC
21. Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia sobre Residuos Sólidos Urbanos – SECIHTI
22. Red de Intérpretes y Promotores Interculturales, AC
23. Rescate de la Cuenca del Río San Felipe AC
24. Com. S.C.
25. Servicios del Pueblo Mixe AC
26. Servicios Para una Educación Alternativa A.C.
27. Villa Agroecológica “Tierra del Sol”
28. Yunhiz Espacio Alternativo